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El caso Taringa! no escapó a esta regla general. Para aquellos que frecuentemente practicamos la descarga y subida de archivos, Taringa! cristalizó en una serie de prejuicios, apareciendo siempre como ese espacio lleno de newbies, de amateurs, de ‘piratitas’ de poca monta y escasa capacidad tecnológica, de adolescentes de quince años que quieren hacerse los hackers por saber crackear un programa, pero que muy probablemente desconozcan el significado del comando sudo. En los medios de comunicación también se reflejó a Taringa! como ese agujero negro de piratería y descontrol, sin reglas de ningún tipo. Para los militantes del software libre y/o de la cultura libre, taringuear difícilmente podía ser una práctica de mentes refinadas; más bien, taringuear forma parte de las actividades de esa población tosca e ignorante que participa en foros y comparte archivos de manera rudimentaria, poco profesional. ¿Para qué usar Taringa! si se puede usar un súper cliente de Torrent? ¿Qué necesidad hay de utilizar un foro cualquiera para descargar programas, si utilizando software libre y Synaptic o cualquier gestor de paquetes se puede realizar la misma tarea, legal, más fácil y más rápido? Esos de Taringa! no saben nada. Y sus dueños son unos chantas que lucran con el trabajo ajeno.

Esas dos líneas finales hicieron que la causa legal contra Taringa! diera lugar a una pelea de definiciones conceptuales sobre si compartir con ánimo de lucro  debería ser un crimen o no, si la cultura libre puede englobar al compartir con ánimo de lucro o si la cultura libre son sólo las licencias Creative Commons o existe algo más por fuera de eso. Las élites intelectuales de Internet y de la tecnología se dedicaron a enaltecer las causas de gente como Horacio Potel, cuya responsabilidad legal era obvia y evidente, pero basurearon con el mismo encono a Taringa! sólo porque detestan a sus usuarios y a sus dueños, y en ese basureo fueron capaces de obviar, olvidar e ignorar todos los argumentos legales que existen para desestimar la causa contra Taringa!. Es decir, si en el fallo que elevó la causa a juicio oral nunca se mencionó el tema del lucro, ¿por qué ésa debía ser una discusión que pareciera pertinente en ciertos foros o blogs especializados en derecho de autor y/o en tecnologías?

Lo que quedó en evidencia en el caso Taringa! es que la disquisición no pasaba por una cuestión de carácter legal, sino antes bien por una cuestión de carácter ético. ¿Es legítimo el intercambio de archivos en una plataforma que genera ingresos mediante publicidad contextual o a través de campañas publicitarias? ¿Está bien lo que hacen los dueños de Taringa!? ¿Es ético? De manera sorprendente o no, se criticaba a Taringa! por hacer dinero, pero nadie se atrevió a criticar empresas cuya actividad es legal pero cuya eticidad está fuertemente en duda. A ello venía la comparación que se hizo en algunos lugares sobre la venta y fabricación de armas y Taringa!. Como todos sabrán, para lo único que sirven las armas es para matar. Por supuesto, alguien podría decir que matar a un león feroz y hambriento que se abalanza sobre nosotros es algo bueno, pero que utilizar un arma para matar a una mujer en una situación típica de violencia doméstica es algo malo.
Curiosamente, se matan más mujeres que leones feroces y hambrientos, con lo cual la conclusión lógica allí debería ser es que las armas no sólo son una herramienta que sirven para matar sino que además son utilizadas mayoritariamente para matar personas, seres humanos, y en órdenes lógicos los más afectados por las armas de fuego son los pobres, los negros, los niños y las mujeres, y en ese orden, también, los disidentes políticos y religiosos. Taringa!, en cambio, es una plataforma que sirve para la comunicación humana, lo que incluye también el intercambio de obras intelectuales como parte de esa comunicación humana, pero que en muchos aspectos excede esa práctica.

Por supuesto, a esta distinción se la tildó de exagerada. El problema de la exageración, en este caso, era que ponía en tensión una discusión que se olvida o ignora con frecuencia en el debate sobre el intercambio de archivos, y es que en efecto socialmente está aceptado que no hay nada malo en el intercambio de archivos, que la práctica del intercambio de archivos es algo bueno y que incluso en más de una ocasión se viola la ley con total desconocimiento de la misma o por la imposibilidad práctica de no violarla en un mundo donde todo son copias. Por lo tanto, que una de las muchas plataformas que existen para el intercambio de archivos gane dinero debiera ser, en este caso, un detalle menor o soslayable, puesto que la discusión sobre el dinero de los dueños de Taringa! no es lo que está en cuestión, sino el intercambio de archivos como práctica, del mismo modo que en un homicidio no se cuestiona el rol de los fabricantes de armas porque lo que se evalúa como algo malo dentro de la sociedad es el homicidio y no la fabricación de herramientas que sólo sirven para matar.

Desde la perspectiva de la industria está claro que el juicio a Taringa! fue una jugada estratégica. Atacar a un profesor de filosofía como Horacio Potel, a un héroe de la Internet como Aaron Schwartz o a un periodista que quiere liberar la información como Julian Assange, es poco redituable en términos de la publicidad que semejantes acciones conllevan, es decir, la mala fama que se ganan las industrias cuando atacan a personas cuyo trabajo es valorado como socialmente útil y altruista: la difusión del saber y la cultura, la denuncia contra la corrupción, entre otros fines. En ese sentido, el ataque judicial a Taringa!, por más que esté legalmente errado en múltiples aspectos, iba a dividir las aguas, a dejar a alguien en ridículo en cuanto se saltara a defenderlo o en provocar una reacción social generalizada de que “el problema de Taringa! es que hacen plata”.
Claramente el fin de Taringa! no es denunciar la corrupción o difundir el saber y la cultura, aunque pueda servir para todo eso como parte de la comunicación humana, pero esa especie de agujero negro donde paran por igual software pirateado con los libros de Rodolfo Walsh y malas copias de memes de 4chan o videos como “Superman en Trelew”, era para muchos “difícil” de defender. Es obvio que la industria editorial y la Cámara Argentina del Libro tenían esto muy presente cuando iniciaron las acciones legales. Lo que se dice una estrategia de manual.

Por lo tanto, en el fondo la discusión sobre Taringa! entraña ese tercer aspecto que no tiene que ver con lo ético o con lo legal, sino con lo estratégico. Lo “difícil” de defender no es la práctica que se realiza sobre la plataforma, sino la plataforma en sí misma como medio sobre el cual se ejerce determinada práctica. Por supuesto, lo “difícil” se refiere también a los límites ideológicos que cada cual desea defender; si el límite es discutir sobre la apropiación privada del conocimiento o discutir sobre lo mal que hacen los monopolios artificiales a la economía de mercado. Cierto sector que ve con buenos ojos a la cultura libre porque la iguala a las licencias Creative Commons, dirá o bien que el problema de Taringa! es que hace plata o bien que el juicio a Taringa! está bien porque entonces la gente empezará a acercarse a la cultura libre. Otro sector más legalista dirá que no hay que violar la ley de propiedad intelectual porque de ese modo es difícil poner en discusión su restrictividad si efectivamente todos podemos violarla todo el tiempo. Y así hay sucesivas voces en el campo, cada una con su aporte sobre qué escenario es necesario construir para poner en tensión las leyes de derechos de autor. En ese marco, Taringa! aparece como una plataforma que impide elaborar estrategias razonables, al ser una plataforma “mersa” o “grasa”, lo mejor es no discutirla, tratar de no enfrentarla o no hacerse cargo del problema: existe y ya, pero involucrarse con ella no permitirá construir una estrategia clara a la hora de dar discusiones sobre las leyes de propiedad intelectual.

La forma de considerar a Taringa! en el horizonte de la discusión sobre el derecho autoral dividirá la misma cantidad de aguas que dividieron a los defensores del “open source” y del “software libre”. En definitiva, ambos utilizan, en la práctica, software libre, pero los fundamentos políticos varían en un caso y en otro. Por supuesto, la limitación natural del open source es que como dijo Eben Moglen alguna vez, el software libre acertó en su estrategia de poner el acento en la libertad y no en el software, porque de esa forma pudo cuestionar cosas como el cloud computing (la nube), difíciles de cuestionar desde el campo del open-source. Del mismo modo, quienes promueven el uso de licencias libres como modo de acabar con el problema de la propiedad intelectual, encontrarán más temprano que tarde una limitación ideológica para abordar cuestiones que atentan contra sus libertades pero que sin embargo son coherentes con la defensa de determinadas ideas, como por ejemplo, los defensores de la existencia de las corporaciones pero que piden respeto a su privacidad. Del mismo modo, los llamados a “compartir sin ánimo de lucro”, “respetar la leyes de propiedad intelectual mientras construimos cultura libre”, o manifiestos de esa índole que ponen el acento en el respeto de marcos legales que no sólo son obsoletos sino que además son injustos, pueden ser muy útiles a la hora de mostrar que “en este campo hay muchas discusiones”, pero a la larga son políticamente ineficaces.
Así como los lobbystas de la propiedad intelectual han adoptado la modalidad de moverse en numerosos planos, situación que describe Silvia Rodríguez Cervantes como “estrategias cambiantes y combinadas”, quienes estamos interesados en flexibilizar las leyes de propiedad intelectual o incluso hasta abolirlas, no podemos renegar o no apoyar los diferentes planos y escenarios de discusión de la propiedad intelectual sólo porque una plataforma determinada gana plata, nos cae mal o es menos altruista que la otra. En efecto, hay que debatir y la discusión conceptual es sana, pero quienes defendemos la permanencia del conocimiento y la cultura en el dominio público, no deberíamos caer tan fácilmente en lo que es, evidentemente, una estrategia corporativa de las industrias del conocimiento y el entretenimiento para separar a quienes en principio tienen pisos mínimos de acuerdos. Las discusiones que se producen en el ámbito de la vida pública no pueden negar sus características políticas, y en este sentido la discusión excede con mucho a una plataforma determinada o al hecho de si gana o no gana dinero. Se trata, en definitiva, de qué lado de la mecha nos encontramos quienes nos posicionamos de determinada manera en favor de la liberación de la cultura. Si el hecho de que una plataforma gane plata hace que le retiremos el apoyo, es porque en definitiva no nos interesa la liberación de la cultura o la flexibilización de la propiedad intelectual, sino que nos interesa que nos dejen descargarnos cosas sin ser llamados ‘piratitas’, pero que a las empresas que a mí no me caen bien les caigan con todo el peso de la ley. Y a eso se le llama ser unos hipócritas.